Santa Cruz — El Ejecutivo provincial ha presentado un proyecto de ley para declarar la Emergencia Económica, Administrativa y Financiera en todo el territorio santacruceño. La medida busca dotar al Gobierno de herramientas excepcionales para afrontar la crisis actual y garantizar la prestación de servicios básicos.
Desde el Poder Ejecutivo de Santa Cruz se dio a conocer que ingresó a la orden del día de la Honorable Cámara de Diputados y se propone declarar la emergencia económica, financiera y administrativa del sector público provincial, establecer restricciones a los incrementos salariales y crear un régimen de pasividad anticipada voluntaria para trabajadores estatales.
El proyecto busca reorganizar el gasto público, garantizar la sostenibilidad fiscal y asegurar el pago de salarios, jubilaciones y servicios esenciales.
La Honorable Cámara de Diputados de la Provincia de Santa Cruz comenzó a analizar un proyecto de ley elevado por el Poder Ejecutivo que propone adoptar medidas de emergencia, saneamiento y reorganización del régimen económico provincial. La iniciativa fue remitida al cuerpo legislativo en ejercicio de las atribuciones establecidas por el artículo 119 inciso 3° de la Constitución provincial.
En los fundamentos del proyecto se señala que la provincia atraviesa una situación de extrema fragilidad fiscal, caracterizada por un nivel de gasto público corriente concentrado principalmente en salarios y prestaciones previsionales que presenta una rigidez estructural sin relación con la evolución real de los recursos.
El documento sostiene que esta situación ha generado un desequilibrio persistente que compromete la previsibilidad presupuestaria, limita la capacidad de gestión del Estado provincial y expone a la administración pública a un escenario de deterioro progresivo.
El Poder Ejecutivo plantea que el problema no responde a una dificultad circunstancial sino al resultado acumulado de decisiones adoptadas durante años que expandieron obligaciones permanentes sin respaldo financiero sostenible, lo que obliga a ordenar la estructura de gasto para garantizar el pago regular de salarios, jubilaciones y servicios esenciales.
En ese marco, el proyecto establece en su Capítulo I la declaración de emergencia económica, financiera y administrativa del sector público provincial hasta el 31 de diciembre de 2026, con la posibilidad de que el Poder Ejecutivo disponga su prórroga por hasta doce meses mediante acto fundado.
Entre las herramientas previstas, el Ejecutivo podrá reestructurar el gasto público priorizando servicios esenciales como salud, educación, seguridad, previsión social y asistencia social, revisar estructuras orgánicas y regímenes de adicionales, optimizar la utilización de recursos humanos y renegociar contratos, convenios y subsidios que impliquen erogaciones del Tesoro provincial.
Uno de los puntos centrales del proyecto establece que durante la vigencia de la emergencia quedará prohibida la aplicación de incrementos automáticos, cláusulas de indexación, actualizaciones salariales o mejoras remunerativas del personal cuando no existan recursos presupuestarios y financieros disponibles para afrontarlas.
La iniciativa también dispone la suspensión del ingreso de personal al Estado provincial, con excepciones para coberturas estrictamente necesarias, profesionales de la salud y aquellas designaciones que cuenten con autorización fundada del Poder Ejecutivo.
El proyecto de emergencia económica, financiera y administrativa enviado por el Poder Ejecutivo de Santa Cruz a la Legislatura incorpora un capítulo específico dedicado a la creación e un Régimen de Pasividad Anticipada Voluntaria para trabajadores del Estado provincial. La iniciativa plantea una transición gradual hacia la jubilación ordinaria para empleados que se encuentren próximos a cumplir los requisitos previsionales.
