La Cámara de Diputados de Santa Cruz aprobó la denominada Ley Facundo, una iniciativa destinada a establecer mecanismos de acompañamiento para docentes que atraviesen investigaciones sumarias, sumarios u otros procedimientos administrativos.
La Cámara de Diputados de Santa Cruz aprobó este jueves 10 de septiembre la denominada Ley Facundo, que busca garantizar acompañamiento a docentes que sean sometidos a investigaciones sumarias, sumarios u otros procedimientos administrativos. La iniciativa llevaba casi dos años de recorrido legislativo y había ingresado formalmente como proyecto 474/24.
El texto presentado originalmente creó la figura del «acompañante como vínculo socioafectivo al docente» dentro del ámbito del Consejo Provincial de Educación. La propuesta establece que cada educador pueda designar a una persona de confianza para que lo acompañe al momento de ser notificado y durante la tramitación administrativa.
Ese acompañante podría ser reemplazado las veces que el docente lo considere necesario y sus datos quedarían asentados en la documentación administrativa correspondiente. La idea central es evitar que una persona reciba en soledad una notificación que puede derivar en apartamiento del cargo, investigación o sumario.
El proyecto que dio origen a la ley también dispone la activación de un protocolo de acompañamiento, cuidado, protección jurídica y asistencia terapéutica, cuando resulte necesario, para docentes de los niveles inicial, primario, secundario y terciario.
La redacción original prevé que ese dispositivo cuente con profesionales de la abogacía y la psicología y que el acompañamiento pueda extenderse durante el proceso administrativo y judicial hasta su resolución. También establece que mientras el procedimiento esté pendiente el salario del docente no debería resultar afectado.
Este último punto puede ser uno de los aspectos de mayor impacto práctico de la norma, aunque será necesario conocer el texto definitivo sancionado y su posterior reglamentación para determinar exactamente cómo quedó instrumentado.
El caso de Facundo Díaz y una lucha que comenzó en 2019
La ley lleva el nombre de Facundo Díaz, un joven profesor de música de Río Gallegos cuyo caso dio origen al reclamo encabezado por su madre, Graciela Riquelme, y acompañado por profesionales como la abogada Elba Soria.
Facundo atravesó en 2019 una denuncia por presunto abuso sexual. Los fundamentos oficiales del proyecto legislativo sostienen que fue objeto de una fuerte condena pública por un hecho que «nunca recibió una resolución judicial» y cuestionan además la ausencia de mecanismos institucionales de acompañamiento durante ese proceso.
Nuevo Día había contado en septiembre de 2024 que la iniciativa fue elaborada con participación de abogados y profesionales de la psicología y que buscaba resolver dos cuestiones: que un docente pueda estar acompañado cuando recibe una notificación administrativa y que exista un dispositivo de asistencia jurídica y emocional durante el procedimiento.
El caso debe ser tratado con una precisión especial. La existencia de una denuncia, su resultado judicial y las responsabilidades posteriores son planos diferentes, y la ley sancionada no modifica los mecanismos destinados a proteger a niñas, niños y adolescentes ni determina por sí misma que una denuncia sea falsa.
De hecho, uno de los planteos de quienes impulsaron la iniciativa fue compatibilizar ambas garantías: preservar la protección de los menores y, al mismo tiempo, asegurar que el docente investigado cuente con acompañamiento y conserve sus derechos mientras se determina qué ocurrió.
Graciela Riquelme estuvo este jueves en el recinto durante la aprobación. Tras años de impulsar la iniciativa, agradeció a los diputados y sostuvo que la norma busca proteger a quienes actualmente ejercen la docencia y también a quienes elijan esa profesión en el futuro.
Qué falta para que la Ley Facundo empiece a aplicarse
La aprobación legislativa es un paso decisivo, pero no significa que el nuevo mecanismo comience a funcionar automáticamente desde este jueves.
La norma debe completar el circuito institucional correspondiente y será necesario conocer su promulgación, publicación y reglamentación. También deberá definirse cómo intervendrá el Consejo Provincial de Educación, quiénes integrarán los equipos profesionales y de qué manera se activará el protocolo ante cada situación.
Otro dato pendiente es el texto final sancionado. El proyecto original fue firmado en 2024 por los diputados Adriana Nieto, Cristian Ojeda y Claudia Urrutia, pero durante el tratamiento en comisiones una iniciativa puede recibir modificaciones antes de llegar al recinto.
Los fundamentos del proyecto advertían además sobre un problema de información: señalaban que no se conocía públicamente el número exacto de docentes santacruceños que atravesaban investigaciones sumarias, sumarios o apartamientos, pese a pedidos legislativos previos de información.
Ese será uno de los puntos a observar cuando la ley se instrumente: cuántos docentes utilizan el nuevo mecanismo, cuánto duran los procedimientos y qué tipo de acompañamiento reciben.
La sanción de este jueves cambia, en cualquier caso, el estado de una discusión que comenzó años atrás. La denominada Ley Facundo dejó de ser solamente un reclamo familiar y un proyecto presentado en la Legislatura para convertirse en una norma aprobada por la Cámara de Diputados de Santa Cruz, a la espera de conocer su texto definitivo y cómo será aplicada en las escuelas de la provincia.
(Nuevo Día).
