Cristina Fernández de Kirchner retomó en los últimos días su actividad política de manera gradual y bajo estrictas indicaciones médicas, luego de haber atravesado una apendicitis aguda que derivó en una cirugía y una prolongada internación. La ex presidenta recibió el alta médica el 3 de enero de 2026, tras estar dos semanas internada en el Sanatorio Otamendi, y continuó la recuperación en su departamento porteño ubicado en San José 1111, donde cumple prisión domiciliaria.
En ese mismos espacio —convertido otra vez en un centro de decisiones políticas— Cristina realiza caminatas diarias en la cinta como parte de su rehabilitación física y recibe a dirigentes de su entorno más cercano. En los últimos días pasaron por allí figuras clave del kirchnerismo, entre ellos el diputado nacional Juan Grabois y el ex senador Oscar Parrilli, uno de sus operadores político que retomara labores directivas en el Instituto Patria.
Si bien la escena que trascurre en el departamento de Constitución es conocida, el contexto es distinto: Cristina vuelve a moverse en un escenario atravesado por la condena judicial, la reorganización del peronismo y la proyección de las elecciones presidenciales de 2027.
En el kirchnerismo dan por iniciado un nuevo ciclo político a partir de febrero, con una campaña que volverá a girar sobre una consigna ya conocida: “Cristina Libre”. El objetivo es reinstalar la idea de la proscripción política de la ex senadora y advertir que, sin su participación, las elecciones presidenciales de 2027 estarán atravesadas por una “dudosa legitimidad democrática”, en una analogía directa con lo ocurrido con Juan Domingo Perón durante los años de proscripción.
Entre entre sus allegados de paladar negro la proyectan lanzada a una hipotetica candidatura presidencial, aunque, argumentan “la palabra final” la tendrá la ex diputada.
CFK está imposibilitada de disputar cualquier cargo y función pública ya que la Corte Suprema, en junio de 2015 dejó firma la condena a 6 años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos por administración fraudulenta en la causa “Vialidad”.
