Será una secretaría dentro de la cartera sanitaria que lidera Mario Lugones. El 4 de febrero vence el plazo impuesto por la Justicia para aplicar la ley de emergencia sancionada y ratificada por el Congreso.
El Boletín Oficial de la Nación trajo este lunes la novedad del decreto 27/2026 que modifica la Ley de Ministerios y suma al de Salud el área de Discapacidad.
El organigrama de la cartera que dirige Mario Lugones queda ahora con una nueva secretaría, la de Discapacidad, que a su vez tendrá dos subsecretarías: de Políticas de Acceso y Apoyos, y de Regulación, Certificación y Proyectos.
De esta manera se materializa el cierre de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) donde se inició, en 2025, una investigación por presunto cobro de sobornos luego de la filtración de audios adjudicados a su ex titular Diego Spagnuolo que comprometían a funcionarios del Ejecutivo.
El tema discapacidad estuvo sobre el tapete durante todo el año pasado, no solo por la investigación mencionada, que sigue su curso, sino por la sanción, veto, insistencia y posterior incumplimiento de la ley de emergencia para el sector que, entre otros puntos, actualiza montos de pensiones y prestaciones.
Ahora, la Justicia ordenó que la Emergencia deberá estar en plena ejecución el próximo 4 de febrero. En concreto, es un fallo del juez federal de Campana, Adrián González Charvay
“Mecanismos de control”
Mientras tanto, el decreto publicado este lunes materializa el anuncio que hizo el Jefe de Gabinete y vocero presidencial Manuel Adorni el último 30 de diciembre. En esa ocasión avisó que “la ANDIS tal como la conocemos dejará de existir y sus funciones serán absorbidas por el Ministerio de Salud”.
Tal como reflejó entonces El Litoral, Adorni aseguró que con los cambios, “las políticas de discapacidad se van a administrar de manera transparente con mecanismos de control y sin discrecionalidades. Se va a garantizar la trazabilidad de los expedientes, habrá auditorías permanentes y criterios sanitarios en todas las decisiones”.
Además se anunciaba un achicamiento de la estructura del área.
La Andis fue creada en 2017 como un organismo descentralizado bajo la órbita de la Secretaría General de la Presidencia. Desde su creación, el organismo tuvo a cargo “el diseño, coordinación y ejecución general de las políticas públicas en materia de discapacidad”, que incluía el otorgamiento y la gestión de las pensiones por invalidez y el Certificado Único de Discapacidad (CUD).
El 10 de diciembre de 2023, tras la asunción de Javier Milei como presidente, la Andis quedó bajo la órbita de la Jefatura de Gabinete, pero el 4 de julio de 2024 fue redireccionada al Ministerio de Salud, manteniendo su condición de organismos autárquico. Esta situación se modifica a partir del nuevo organigrama dispuesto por el reciente decreto presidencial.
Menos recursos y reclamos
El año 2025 fue complejo para las personas con discapacidad. Primero fue el inicio de una revisión de las pensiones y la suspensión de más de 100 mil subsidios. Luego, la convocatoria a personas con distintas discapacidades a certificar su situación, en muchos casos de nacimiento, con citaciones dirigidas a domicilios desactualizados o bien distantes de la sede a la que debían concurrir.
En octubre de 2025 el titular del Juzgado Federal Nº 2 de Catamarca, Guillermo Díaz Martínez, ordenó la restitución de todas las pensiones, en medio de denuncias por irregularidades en la auditoría oficial. Finalmente, el Gobierno cumplió ese mismo mes la orden judicial.
No obstante, según datos que publica Chequeado.com en base al análisis de la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC), en el Presupuesto 2026 figuran 155 mil pensiones menos que en 2025. En tanto, los fondos destinados al pago de estos beneficios caen 18,7% real con respecto al 2025 y un 33,1% en relación con 2023.
En paralelo a los planteos por la mencionada auditoría, creció el reclamo por los montos desactualizados tanto de las pensiones que perciben las personas con discapacidad, como de prestadores que cumplen funciones en transporte, acompañamiento terapéutico y centros de día.
Una gran movilización se realizó en mayo del año pasado en todo el país y hubo más reclamos a lo largo de todo 2025.
El Congreso Nacional se hizo eco de esta situación y sancionó la ley de Emergencia para el sector, que fue vetada por el gobierno de Javier Milei y devuelta a las dos cámaras que volvieron a ratificar su vigencia.
La norma fue promulgada pero su ejecución quedó en suspenso, “hasta que el Congreso defina las fuentes de financiamiento e incorpore las partidas correspondientes en el presupuesto nacional”.
Ahora se espera el plazo que vence el 4 de febrero, otorgado por la Justicia para cumplir con esta ley.
