El Presidente volvió a pedir penas más duras para menores. La experiencia internacional muestra resultados dispares y reabre la discusión de fondo.
Por Florencia Guerrero, Directora de medios digitales en Diario Crónica
Las palabras del presidente Javier Milei en Mar del Plata -“delito de adulto, pena de adulto”- volvieron a poner en el centro del debate la Ley Penal Juvenil y su alcance sobre la baja de la imputabilidad en la Argentina. El Gobierno nacional confirmó que el proyecto para bajar la edad de 16 a 14 años se tratará en sesiones extraordinarias del Congreso, en un contexto atravesado por casos de alto impacto social y una fuerte demanda de seguridad en las calles.
El interés no es nuevo: la iniciativa, que ya cuenta con dictamen de mayoría en Diputados y propone habilitar la imputación penal desde los 14 años, con un esquema diferenciado, con penas alternativas para delitos menores y un máximo de 15 años de prisión para hechos graves. El oficialismo presenta el proyecto como una respuesta a la reiteración de delitos cometidos por menores y a una legislación vigente que data de 1980.
Sin embargo, el debate excede la coyuntura local. La pregunta central es si el endurecimiento penal sobre adolescentes redujo efectivamente el delito en otros países o si, por el contrario, profundizó problemas estructurales.
Qué pasó en otros países
Los datos hablan solos: la experiencia internacional muestra que bajar la edad de imputabilidad no garantiza mejores resultados en materia de seguridad.
Dinamarca redujo en 2010 la edad de responsabilidad penal de 15 a 14 años. Dos años después, dio marcha atrás tras las críticas del Comité de los Derechos del Niño de la ONU, que advirtió un retroceso en estándares de derechos humanos sin impacto positivo comprobable en la reducción del delito.
Un proceso similar ocurrió en Georgia, donde el Estado bajó la edad a 12 años para delitos graves como homicidio y violación, pero después de las fuertes observaciones de organismos internacionales, el país volvió a fijar el umbral en 14 años.
Más a mano de la Argentina, en el vecino Brasil se mantiene la imputabilidad penal desde los 18 años, aunque algunas normativas habilitan medidas socioeducativas desde los 12. Chile fija la responsabilidad penal adolescente desde los 14, con un sistema separado del régimen adulto. Uruguay, en cambio, endureció su legislación juvenil en la última década, con más tiempo de privación de libertad para adolescentes, pero los indicadores de reincidencia no mostraron una baja sostenida.
Organismos como UNICEF sostienen que las reformas exitosas en justicia juvenil se apoyan en la prevención, la inclusión educativa y el fortalecimiento de políticas sociales, no en el castigo temprano. La ONG remarca que disminuir la edad de punibilidad no demostró eficacia para reducir la inseguridad y sí incrementó la estigmatización de jóvenes de contextos vulnerables.
El debate local
En la Argentina, la ley vigente establece que los menores de 16 años no son punibles, aunque permite intervenciones judiciales que pueden incluir internaciones en institutos. El nuevo proyecto formaliza la posibilidad de condena penal desde los 14 años y limita la cárcel para delitos con penas menores a tres años, pero habilita prisión efectiva para hechos graves.
El Gobierno sostiene que el cambio corrige una “zona de impunidad“. Los organismos de derechos humanos advierten que el foco vuelve a colocarse en la sanción y no en las causas del delito juvenil. El caso del crimen de Jeremías Monzón, en Santa Fe, reactivó la discusión pública y tensionó posiciones.
En un contexto en el que la inseguridad sigue como foco de un debate que no encuentra solución aparente, la frase de Milei, ayer mientras recorría “La Feliz”, pareció condensar una demanda social extendida, pero la evidencia internacional plantea un interrogante incómodo: castigar antes no siempre implica delinquir menos. El Congreso entra en tiempo de descuento para enfrentar la responsabilidad de decidir si una nueva ley de imputabilidad responde a datos comprobables o a una respuesta política frente al miedo y la urgencia social.
