(Por: Dr Elias Ariel Montero para OPI Santa Cruz) – La falta de planificación y el silencio político habilitan riesgos sobre el territorio.
En Santa Cruz comienza a consolidarse una deriva preocupante que merece una discusión pública urgente. Bajo el discurso de “diversificar la matriz productiva”, de impulsar el desarrollo agrícola provincial y de promover supuestos proyectos estratégicos, el gobierno provincial avanza sobre una decisión de enorme gravedad: la regularización y posterior venta de tierras fiscales.
Desde la campaña, el gobernador Claudio Vidal sostiene que la agricultura será uno de los pilares de su gestión y la clave para un cambio de matriz productiva. Sin embargo, a más de dos años de gobierno, ese relato se ha traducido en anuncios dispersos, experiencias aisladas, shows y escándalos, la creación de una empresa estatal opaca —Santa Cruz Puede— y ausencia de información pública sobre resultados concretos. No se conocen evaluaciones de impacto, volúmenes de producción, costos, beneficiarios reales ni objetivos alcanzados; nada verificable que permita afirmar que exista una política agropecuaria estructurada.
Desde una mirada seria —técnica, política y económica— no se logra identificar un Plan productivo coherente inserto en un abordaje estratégico de cadenas de valor. Por ejemplo, la instalación de la planta de alimentos balanceados, no parece estar acompañada por una estrategia de fortalecimiento ganadero ni por una política clara de abastecimiento y precios. Hay discurso y acting, logros de souvenirs pero no hay Desarrollo estratégico.
En ese marco, el anuncio de avanzar en la regularización y venta de tierras fiscales en nombre del desarrollo agropecuario enciende todas las alarmas. El problema no es la agricultura como actividad en sí misma, ni la necesidad/urgencia de impulsar proyectos e inversiones que generen trabajo y bienestar. El problema es el uso del discurso productivista como envoltorio para habilitar un proceso de transferencia de territorio. Cuando no existen criterios claros, planificación de largo plazo, control público ni debate social, la apelación al desarrollo deja de ser una promesa y comienza a funcionar como coartada y estafa.
La pregunta es inevitable: ¿Quiénes están en condiciones reales de comprar esas tierras? ¿Pequeños o medianos productores? ¿Jóvenes rurales? ¿Trabajadores? ¿PyMEs locales? ¿O los actores concentrados de siempre, muchas veces a través de figuras interpuestas?
En una provincia con una larga historia de concentración y extranjerización de la tierra, estos interrogantes no son prejuicios ideológicos, sino preguntas fundadas en antecedentes concretos.
La tierra fiscal no es solo un activo económico. Es territorio, es acceso al agua, es ecosistema, es soberanía y es posibilidad de desarrollo futuro. El Estado tiene la obligación de administrarla en función del interés colectivo, no de desprenderse de ella bajo relatos improvisados, sin reglas claras ni participación social.
El consenso Tácito. Una historia que explica ciertos silencios
Frente a estos anuncios del gobierno provincial, la oposición política guarda un silencio llamativo. No se han escuchado declaraciones contundentes, pedidos públicos de explicaciones ni un debate serio sobre el alcance, los criterios y las consecuencias de una decisión que compromete el territorio santacruceño a largo plazo. Ese mutismo no es casual ni coyuntural: responde a una historia política más profunda que explica por qué, cuando se trata de la tierra, Santa Cruz parece no discutir nunca nada.
Santa Cruz es uno de los territorios donde el latifundio se consolidó de la manera más cruda y persistente. Nunca hubo, desde los espacios de poder, una discusión real sobre el modelo de uso y distribución de la tierra. El consenso histórico ha sido proteger la concentración, aun cuando se la haya revestido con discursos progresistas o desarrollistas.
En ese sentido, el actual silencio del peronismo santacruceño es coherente con su postura histórica genuina más allá de sus relatos. Durante los años en que gobernó la provincia, no impulsó políticas orientadas a democratizar el acceso a la tierra, facilitar su uso productivo por parte de pequeños y medianos productores ni promover esquemas de distribución más justos. Por el contrario, durante los últimos años del Gobierno de Alicia Kirchner, arrancó el desembarco de gigantes del agronegocio como Bayer la multinacional que no solo fabrica medicamentos como la popular bayaspirina sino que también produce agroquímicos, que en muchos casos son agrotóxicos de uso prohibido en EEUU, Canadá y Europa: la decisión K fue implementar en Santa Cruz, el modelo agrícola que fumiga territorios y vida.
Ese recorrido histórico ayuda a entender por qué hoy, frente al avance sobre las tierras fiscales, no aparecen voces firmes ni debates de fondo. Es preocupante este consenso tácito ¿Quién va a discutir seriamente este posible proceso de concentración y extranjerización de la tierra? ¿Desde qué lugar político y con qué autoridad moral? ¿Será una discusión real o una disputa oportunista dentro de la misma lógica que históricamente protegió negociados?
Este no puede ser un tema reducido a la chicana improductiva de las élites políticas. Está en juego el territorio, el ambiente y el futuro productivo de la provincia. Como sociedad, es imprescindible exigir un debate público, transparente y de cara a la ciudadanía sobre el uso de la tierra, sus criterios de asignación, sus límites y sus objetivos. Porque cuando el desarrollo se convierte en relato y la planificación en pantomima, el riesgo no es abstracto: es irreversible.
Nuestra postura no es en contra del desarrollo agropecuario, ni en contra de actores privados que inviertan, trabajen o desarrollen actividades productivas. Ninguna sociedad se construye negando la iniciativa económica. El problema es otro, más profundo y más grave: la ausencia histórica —y actual— de un poder político capaz de fijar reglas, prioridades y límites en función del interés colectivo y de un desarrollo genuino no expuesto a vulnerabilidades como las que venimos viviendo con las represas.
En Santa Cruz hace rato que no hay planificación territorial, no hay criterios públicos y transparentes que orienten el desarrollo. En ese vacío deliberado, lo que avanza no es la producción sino los negociados.
En ese esquema no se favorece al conjunto de los actores productivos tradicionales y locales, por el contrario, ellos quedan fuera de un juego diseñado para pocos. Por eso, más que anuncios, Santa Cruz necesita explicaciones. Más que slogans, necesita garantías. Y más que discursos sobre la agricultura posible, necesita saber si no se está habilitando, una vez más, la pérdida silenciosa del territorio. (Agencia OPI Santa Cruz)
