Trabajadores de la educación reclaman por la continuidad laboral de cientos de compañeros y el cese del congelamiento salarial.
Representantes gremiales de ADOSAC se encuentran hoy frente al edificio del Consejo Provincial de Educación en Río Gallegos para exigir una entrevista urgente ante el inminente vencimiento de los resguardos laborales este 30 de abril. Los manifestantes denuncian que las autoridades se niegan a recibir un petitorio donde se detalla la situación crítica de aproximadamente 400 educadores que podrían perder sus puestos de trabajo y cobertura médica. La protesta surge en un marco de cuatro meses de salarios congelados y la interrupción unilateral de los espacios de negociación por parte del Gobierno provincial. Ante la falta de diálogo, los referentes convocan a un cacerolazo esta tarde para visibilizar el malestar de un sector que asegura no poder sostener las necesidades básicas de sus familias.
La incertidumbre sobre el futuro de las fuentes de trabajo genera una preocupación inmediata en los dirigentes sindicales, quienes alertan sobre las consecuencias sociales de estas bajas. Adriana Astolfo detalla que «la situación es muy grave y estamos acá esperando que nos atienda. Venimos a presentar hoy el petitorio a la mesa y han dicho que no nos iban a recibir, hasta ahora es eso solamente de lo que tenemos noticias» afirma la dirigente. El reclamo se centra en obtener precisiones sobre la continuidad de 200 cargos y 1.600 horas cátedra que quedan sin efecto en las próximas horas.
Desde el gremio denuncian que la falta de respuestas impacta directamente en la salud y la subsistencia de los trabajadores afectados por estas medidas. Al respecto, Juan Manuel Valentín sostiene que «no hay respuesta para la señora Lucía que tiene 3 pibes y que no le va a poder dar de comer a fin de mes. No hay respuesta para el preceptor Juan Carlos que tiene una enfermedad crónica y se va a quedar sin obra social y no va a poder atender su tratamiento» indica el referente. Según su visión, el Consejo Provincial de Educación no está a la altura de la crisis actual y mantiene decisiones que perjudican al pueblo trabajador.
La interrupción de los canales institucionales de diálogo es otro de los puntos de conflicto señalados por los manifestantes, quienes acusan al Ejecutivo de utilizar métodos extorsivos. Miguel del Plá manifiesta que «el problema es que el Consejo Provincial de Educación con el Ministerio de Trabajo interrumpe las reuniones de las subcomisiones laborales exhortando a que no hagamos paro, porque si hay paro no hay reunión de subcomisión. La cuestión es extorsiva al punto de negar el derecho a huelga, que es un derecho constitucional» remarca el gremialista. Esta situación impide avanzar en una negociación salarial en un contexto de alta inflación y endeudamiento.
La dirigencia hace un llamado a la comunidad para que se solidarice con el reclamo docente, entendiendo que el ajuste en los sueldos también afecta al consumo local y a los comercios de la provincia. Adriana Astolfo advierte que «los compañeros y compañeras no llegan a fin de mes, no llegan a la primera quincena, están todos endeudados, llevamos cuatro meses de congelamiento salarial y esto así no puede seguir, porque no solamente tiene que ver con los resguardos, sino que tiene que ver con sostener las familias de los trabajadores y trabajadoras de la docencia» explica la referente. (Tiempo Sur)
