La medida del gobierno nacional autorizó la instalación de tecnología para detectar y bloquear celulares en cárceles federales. El objetivo es impedir que los internos continúen coordinando delitos desde prisión y reforzar los controles del Servicio Penitenciario Federal.
El gobierno de Javier Milei oficializó una medida clave en materia de seguridad: autorizó la instalación de tecnología para detectar y bloquear celulares en cárceles de todo el país. La decisión, formalizada este lunes, apunta a impedir que personas detenidas continúen coordinando actividades delictivas desde el interior de los establecimientos penitenciarios.
La resolución fue firmada por la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, y habilita al Servicio Penitenciario Federal a implementar sistemas de detección y bloqueo de IMEI/IMSI, fortaleciendo los controles intramuros y reduciendo la operatoria de organizaciones criminales.
Cómo funcionará el bloqueo de celulares en cárcelesEl procedimiento quedó establecido en el “Manual de Procedimiento para la Detección y Bloqueo de IMEI/IMSI en Establecimientos Penitenciarios Federales”. El sistema identifica los dispositivos a través de dos códigos clave: el IMEI (identificación única del equipo) y el IMSI (asociado a la tarjeta SIM).
Cuando un celular se activa dentro de una zona prohibida, los equipos lo detectan automáticamente y generan un reporte con esos datos. Luego, la Subsecretaría de Asuntos Penitenciarios solicita el bloqueo a las empresas de telecomunicaciones, que deberán inutilizar el dispositivo en un plazo máximo de 48 horas, impidiendo su conexión a cualquier red.
Además, la medida contempla controles para el personal autorizado. Agentes penitenciarios, funcionarios judiciales y abogados deberán dejar sus teléfonos en sectores específicos antes de ingresar a áreas restringidas. El sistema contará también con monitoreo constante, registros actualizados y auditorías periódicas.
Qué establece la resolución del Ministerio de SeguridadLa normativa se enmarca en el régimen legal de ejecución de la pena, que permite a las personas detenidas mantener comunicaciones bajo ciertas condiciones, pero prohíbe el uso de teléfonos móviles dentro de las cárceles.La Dirección Nacional de Tecnología de la Información, dependiente del Ministerio de Seguridad, será responsable de gestionar la adquisición, instalación y mantenimiento de los sistemas, así como su supervisión.
Por último, el Gobierno dispuso ajustes técnicos para evitar que el bloqueo afecte la señal en zonas externas a los establecimientos penitenciarios, garantizando que el funcionamiento del sistema no interfiera con usuarios fuera de las cárceles. (La Opinion Austral)
