La policía los identificó mientras realizaban inscripciones y pintaban acusaciones en la fachada del edificio municipal. Ambos quedaron imputados por una presunta infracción al Código de Convivencia Ciudadana. La Fiscalía de turno y el Juzgado de Paz dispusieron que ambos queden imputados en libertad por infracción al artículo 112 de la Ley XV N°27 del Código de Convivencia Ciudadana, al considerar que las pintadas no ocasionaron daños estructurales en el inmueble.
La sede del Servicio de Protección de Derechos del Niño, ubicada en la esquina de Dorrego y Alem de Comodoro Rivadavia, fue escenario de pintadas y manifestaciones durante la noche del sábado en medio de la creciente tensión por la causa que investiga la muerte de Ángel Nicolás López.
Este domingo por la tarde, el caso sumó un nuevo capítulo luego de que la Policía imputara a Luis López, padre del niño, y a Lorena Andrade, su pareja, por realizar pintadas sobre las paredes del edificio público.
Según informaron fuentes policiales, el hecho ocurrió alrededor de las 19:20, cuando personal de seguridad alertó sobre la presencia de personas pintando el frente del lugar. Al arribar, los efectivos encontraron a la pareja realizando las pintadas con pinceles y aerosoles.
La Fiscalía de turno y el Juzgado de Paz dispusieron que ambos queden imputados en libertad por infracción al artículo 112 de la Ley XV N°27 del Código de Convivencia Ciudadana, al considerar que las pintadas no ocasionaron daños estructurales en el inmueble.
Durante el procedimiento, la Policía secuestró tres latas de pintura negra, dos aerosoles y un rodillo pequeño utilizados para concretar las pintadas.
El episodio se produjo en un contexto de fuerte conmoción social tras conocerse un nuevo informe pericial sobre la muerte del niño. Mientras la investigación inicialmente se apoyaba en una autopsia preliminar que describía múltiples lesiones internas en la zona craneal, un reciente documento médico sostiene que el fallecimiento se produjo por una neumonía bilateral.
La contradicción entre ambos informes generó indignación entre familiares y vecinos, quienes cuestionan el cambio en la hipótesis sobre las causas de la muerte del menor.
En este marco, Mariela Altamirano, progenitora del niño, y su pareja, Maicol González, continúan detenidos con prisión preventiva mientras avanza la investigación judicial.
