El proyecto es de la empresa de servicios petroleros Brest S.A. La Secretaría de Fiscalización y Control Ambiental de Santa Cruz publicó el dictamen técnico del Estudio de Impacto Ambiental en el Boletín Oficial y abrió un plazo de 5 días para opiniones. Por eso, el Concejo Deliberante de Truncado observó el procedimiento y solicitó más plazo y una audiencia local.
La Secretaría de Estado de Fiscalización y Control Ambiental Energético y Minero, dependiente del Ministerio de Energía y Minería de Santa Cruz y a cargo del abogado Gastón Farías, comunicó la elaboración del dictamen técnico correspondiente al Estudio de Impacto Ambiental (EIA) para la instalación de una Planta de Tratamiento de Residuos Peligrosos que, según el texto oficial, estará ubicada «en cercanía a la localidad de Pico Truncado».
La comunicación se realizó a través de un edicto publicado de manera consecutiva en el Boletín Oficial de la Provincia los días 27 de agosto (BO 6149), 1 de septiembre (BO 6150) y 3 de septiembre (BO 6151). De acuerdo al aviso oficial, «aquellas personas que deseen emitir denuncias, opiniones y pareceres respecto a la obra en estudio, deberán hacerlo mediante presentación escrita y firmada al Ministerio de Energía y Minería», ubicado en calle Alcorta 226 de Río Gallegos, en un plazo de 5 días hábiles a partir del último día de publicación.
El proyecto pertenece a la empresa Brest S.A., firma con domicilio legal en Pico Truncado y prestadora de servicios para operadoras en el norte de Santa Cruz. Hasta el momento no se informó de manera oficial la ubicación exacta de la futura planta, el tipo de residuos que tratará ni la tecnología que empleará. La inquietud es que residuos serán y como podrían, si es que es así, impactar en la vida de los vecinos y vecinas truncadenses en los próximos años.
El planteo del Concejo Deliberante ante esa situación, elaboró una observación formal dirigida al Gobierno provincial. En el documento, los ediles solicitan que se remita copia íntegra del Estudio de Impacto Ambiental y del dictamen técnico para consulta pública en la Municipalidad, que se extienda el plazo para emitir opiniones de 5 a 30 días hábiles y que las presentaciones puedan realizarse en el municipio local, y que se convoque a una audiencia pública en Pico Truncado antes de autorizar definitivamente la obra.
Las plantas de tratamiento de residuos peligrosos están destinadas a tratar materiales que no pueden disponerse en basurales comunes, como barros empetrolados, recortes de perforación y suelos contaminados. Pero también aquellos restos patologicos es decir: residuos patogénicos, estos desechos suelen generarse en el ámbito hospitalario. Los guantes que utilizan los enfermeros, las jeringas que se emplean para aplicar vacunas, las gasas desechadas entre otros.
Todo esto, necesita una tecnología cerrada y en dialogo con personas involucradas en el estudio ambiental expresaron que, se debe tener membranas impermeabilizantes, filtros de aire y monitoreo continuo, reducen el pasivo ambiental. Cuando esos controles fallan o no existen, los principales riesgos señalados por especialistas son la contaminación del aire por emisiones, la posible filtración de lixiviados a napas y suelo, y el tránsito de camiones con residuos peligrosos.
En Argentina el proyecto se encuadra en la Ley Nacional N° 24.051 de Residuos Peligrosos, que regula la generación, transporte, tratamiento y disposición final de los residuos considerados peligrosos para la salud y el ambiente, y en la Ley Provincial N° 2.658 de Evaluación de Impacto Ambiental. Esta última norma establece que toda obra que pueda generar impactos significativos debe contar con un Estudio de Impacto Ambiental, dictamen técnico de la autoridad y publicación por edicto en el Boletín Oficial por tres días consecutivos, con un plazo de cinco días hábiles para la presentación de opiniones, denuncias y pareceres. La normativa también prevé, para casos de magnitud relevante, la posibilidad de instancias de participación ciudadana más amplias, como la audiencia pública.
