La Dirección Nacional de Vialidad puso en marcha una segunda etapa del plan de desvinculaciones voluntarias, luego de que la primera instancia terminara con 609 trabajadores adheridos en todo el país.
La medida se oficializó este lunes 5 de octubre a través de la Resolución 1220/2026, publicada en el Boletín Oficial de la Nación.
El dato central surge de los propios considerandos de la norma: sobre un universo inicial estimado en unos 900 agentes, la primera convocatoria —habilitada a fines de enero por la Resolución 118/2026— concluyó con 609 adhesiones, según informó el propio organismo.
Con ese proceso finalizado, Vialidad consideró oportuno continuar con la política de reorganización y abrir una nueva instancia.
El esquema vuelve a contemplar una primera etapa de difusión y consultas para que el personal conozca las condiciones, y luego, para quienes acepten, la firma de un acuerdo de desvinculación en los términos previstos por la Ley de Contrato de Trabajo.
Qué pasa en Santa Cruz
La resolución no detalla cuántas de las 609 salidas correspondieron al Distrito Santa Cruz ni cuántos agentes podrían sumarse ahora.
Ese punto es clave en la provincia, donde Vialidad Nacional tiene a su cargo extensos corredores y tareas de mantenimiento, conservación y atención de emergencias en rutas estratégicas, como tramos de las rutas nacionales 3 y 40, fundamentales para la conectividad entre localidades y con el resto de la Patagonia.
Por eso, el interrogante que abre la nueva medida es cómo quedó conformada la dotación local tras la primera etapa y si esta segunda convocatoria puede generar nuevas bajas.
En los fundamentos, el organismo sostiene que el objetivo es mantener una dotación acorde a las necesidades funcionales y profundizar el uso eficiente de los recursos públicos, y remarca que las desvinculaciones son voluntarias y se formalizan mediante acuerdos individuales. Además, asegura contar con los créditos presupuestarios para afrontar los costos del programa.
Por el momento, la documentación oficial no permite establecer cuántos trabajadores permanecen en Santa Cruz, cuántos se fueron en la primera tanda ni si hubo campamentos o sectores especialmente afectados.
Tampoco hay información sobre si una eventual nueva reducción podría impactar en la capacidad operativa para el mantenimiento de rutas, las tareas de conservación o la respuesta ante contingencias climáticas y emergencias viales.
Esos datos serán centrales para medir el impacto real que tendrá en la provincia la segunda etapa del programa nacional.
