La Libertad Avanza (LLA) en la provincia de Buenos Aires confirmó la decisión de promover el juicio político contra la jueza Marta Elba Pascual. La iniciativa responde a la resolución dictada por la magistrada que suspendió por un plazo de 60 días la aplicación de la norma que reduce a 14 años la edad de imputabilidad en la jurisdicción provincial.
La acción política cuenta con el impulso de Sebastián Pareja, titular del espacio partidario en el distrito bonaerense, junto a un equipo de asesores técnicos y políticos orientados a definir el procedimiento legal para la remoción de la funcionaria judicial.
A la iniciativa de la agrupación se añade la denuncia interpuesta por la asociación civil Usina de Justicia. La entidad acusó a la titular del Juzgado de Responsabilidad Penal Juvenil N°2 de Lomas de Zamora por la presunta comisión de los delitos de usurpación funcional y abuso de autoridad.
Pareja cuestionó el fallo de la magistrada mediante duras declaraciones públicas: “Es una jueza del poder, de la política bonaerense, que piensa exclusivamente en los intereses de lo peor de la política. Está intentando frenar una ley votada democráticamente por el Congreso y que viene a resolver un problema que la sociedad viene reclamando”.
Los fundamentos del dictamen y la réplica oficialista
La medida cautelar dictada por la jueza Pascual dispuso “suspender de manera preventiva” los efectos de la Ley 27.801 —norma con vigencia a nivel nacional desde el 5 de septiembre—. Ella sustentó la resolución en la carencia de “las condiciones edilicias, institucionales y profesionales indispensables para albergar a esta población bajo los estándares que exigen los derechos humanos de la niñez”.
El diputado Pareja rechazó las consideraciones del pronunciamiento y atribuyó la problemática delictiva provincial a tales posturas judiciales. “Siempre van a encontrar una excusa que les permita liberar a los delincuentes. La crisis que atraviesa la provincia de Buenos Aires en términos de seguridad responde justamente a ese modelo”, afirmó.
En esa línea, añadió que “una jueza que actúa como un peón del gobernador no cumple con las características básicas que debe reunir un juez”.
Por su parte, el titular del bloque de senadores bonaerenses de LLA, Carlos Curestis, se sumó a las críticas contra el fallo. “Deja más que en claro de qué lado están: defendiendo al delincuente”, aseguró y sostuvo que “la Justicia bonaerense lo único que logró con esta decisión es seguir garantizando la impunidad de los delincuentes”.
El dictamen de la jueza Pascual dio respuesta favorable a un hábeas corpus preventivo y colectivo interpuesto por la Federación Familia Grande Hogar de Cristo, entidad conducida por el cura villero José María “Pepe” Di Paola.
De este modo, la aplicación de la normativa que reduce el piso de imputabilidad penal de 16 a 14 años permanece interrumpida por dos meses en el territorio bonaerense. El tribunal fijó una audiencia para el 16 de septiembre, instancia en la cual el Poder Ejecutivo provincial deberá detallar las adecuaciones de infraestructura realizadas en los centros de detención juvenil.
